Ley de borrón y cuenta nueva: un lobo disfrazado de oveja

Esta semana fue aprobado en último debate en el Congreso la denominada Ley de borrón y cuenta nueva. Esta ley, busca grosso modo, eliminar de las centrales de riesgo – por única vez – la lista de los deudores morosos para que estos se pongan al día en sus obligaciones financieras. Si bien la intención es absolutamente loable, las consecuencias de la aprobación y posterior promulgación de la presente norma serán catastróficas.

Lo anterior, se apalanca en las siguientes cifras: para finales del año pasado la cartera de créditos otorgados por las entidades financieras a los colombianos – personas naturales y jurídicas -, ascendió a los 600 billones de pesos. Así las cosas, la mayoría de productos crediticios fueron destinados para: (i) consumo, (ii) adquisición de vivienda y/o (iii) como capital semilla para iniciar un proyecto productivo. Es bien sabido que el crédito es un catalizador de la economía.

Ahora bien, es también conocido que no todos los consumidores financieros tienen un comportamiento honorable a la hora de honrar sus compromisos financieros. ¿Qué podría ser más pavoroso que ser reportado ante una central de riesgo? Probablemente, solo la muerte. Sin embargo, es menester analizar en detalle las consecuencias o externalidades negativas que la promulgación de la precitada norma cernirá sobre toda la población colombiana – especialmente, sobre la más vulnerable -.

En primer lugar, no es para nadie un secreto que la economía se mueve en gran medida con base en el apalancamiento crediticio. Por ello, para la banca es indispensable conocer prima facie el comportamiento crediticio de las personas – naturales o jurídicas – que se acerquen a solicitar un determinado producto financiero. La información correspondiente al comportamiento crediticio de una persona lo otorgan las centrales de riesgo. En este orden de ideas, vale la pena esbozar que la gran mayoría de los ciudadanos que tienen algún producto financiero activo están reportados ante las centrales de riesgo. Sin embargo, casi el 90% de los reportes ante dichas entidades es positivo.

Ahora bien, si el reporte en centrales de riesgo es positivo, la probabilidad de que una entidad financiera le apruebe y desembolse – a una persona en particular – un crédito es alta, pero, ¿qué sucedería si de súbito las entidades financieras pierden el insumo más valioso con el que cuentan para otorgar un crédito? La respuesta es fácil, los productos crediticios serán más costosos y su adjudicación se volverá mucho más difícil y engorrosa.

¿Por qué? La respuesta es simple, pero no evidente – pues David Barguil y Luis Fernando Velasco la han obviado groseramente -: las entidades financieras al no contar con la información necesaria que separe a aquellos consumidores financieros que son “buena paga”, de aquellos consumidores financieros que son “calavera” en términos coloquiales, provocará que las entidades financieras sean más reacias a otorgar productos financieros. Lo anterior, toda vez que dicha norma equipara a los morosos con el 92% de los demás consumidores financieros que tienen sus obligaciones al día y sin mora. En otras palabras, esta forzosa equiparación entre los consumidores financieros responsables y los que no lo son tanto – por cualquiera que sea la razón -, solamente puede traer consecuencias negativas.

En este orden de ideas, si se le sustrae a las entidades financieras la información crediticia de las personas – sin que se pueda determinar su nivel de riesgo -, las entidades financieras se verán abocadas a pedir nuevas y más gravosas garantías a quienes pretendan acceder a un determinado producto financiero, sin menoscabo de la evidente alza en las tasas de interés.

Lo anterior se torna mucho más preocupante si se tienen cuenta que quiénes más se benefician con la existencia de centrales de riesgo son los colombianos de ingresos medios y bajos. Según datos de DataCrédito Experian, el 37.6% de los consumidores financieros son considerados de ingresos medio – bajo – de 1.5 a 2 smmlv mensuales – y el 25.7% son considerados consumidores con ingresos bajos – de 1 – 1.5 smmlv mensuales -. Es decir, el 63.3% de los consumidores financieros devengan mensualmente ingresos inferiores a los 2 smmlv mensuales y el 90% de los mismos cuentan con reportes positivos ante las centrales de riesgo. Por ello, ahora que la precitada norma ha sido aprobada, los requisitos para que estas personas puedan solicitar y dar apertura a nuevos productos crediticios se incrementarán exponencialmente, dejando a gran parte de estos ciudadanos por fuera del mercado bancario y a merced de los denominados prestamistas extralegales o gota a gota.

Las consecuencias y los efectos de dicha norma no se podrán percibir de manera inmediata, pero en el corto plazo, empezaremos a darnos cuenta de la magnitud de la tragedia financiera que se ha desatado. Una vez más, el populismo legislativo en su afán de satisfacer a las masas – panem et circense -, ha terminado causándole un peor daño a las personas más vulnerables y de menores ingresos.

Juan Antonio Martínez Karner

KBSV Abogados

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