Fútbol Profesional Colombiano post pandemia: ¿podrá una Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas salvar al FPC de la inminente ruina?

Por años se ha llegado a la conclusión de que como nunca antes en la historia, los equipos de fútbol deben ser manejados como empresas sostenibles y rentables. Cada vez son menos las personas dispuestas a invertir su patrimonio y fortuna en aquellas escuadras que terminan cada ejercicio fiscal con más números en rojo que con puntos en el campeonato.

Ahora bien, la pandemia que estamos viviendo actualmente ha provocado una crisis de proporciones bíblicas. No solamente los equipos de fútbol dejaron de disputar el campeonato – por razones eminentemente lógicas y de salubridad – sino que también, han visto sus arcas seriamente golpeadas por diversas cuestiones dentro de las que se destacan: (i) los costos fijos – salarios, gastos administrativos y deudas financieras – que siguen incólumes; (ii) los ingresos por concepto de patrocinios que se han congelado en la mayoría de los casos; y (iii) el hecho de que no se han podido generar ingresos adicionales por venta de boletería y/o de jugadores.

Está claro entonces, que el futuro no pinta para nada bien y en especial para la Liga colombiana, – que comparada con las de otras latitudes es mucho más proclive a salir desfavorecida una vez se supere la actual coyuntura -. No obstante a lo anterior, surge una inquietud: ¿qué mecanismos podrían empezar a implementarse para paliar dicha crisis? Así las cosas, considero que una de las herramientas más potentes de las que disponen los clubes de fútbol es la de reformar los estatutos de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

En este orden de ideas, vamos a realizar un ejercicio académico sobre qué artículos podrían eventualmente ser reformados y los efectos benignos que dichas reformas traerían de suyo a los clubes del balompié nacional.

Así entonces, los Parágrafos Primero y Segundo del Artículo Sexto de los estatutos establecen lo siguiente:

“(…) La DIMAYOR entregará a título de participación para sus clubes afiliados el 85% de los ingresos netos recibidos por concepto de los contratos de transmisión audiovisual de los campeonatos que organice por cualquier medio de transmisión conocido o por conocer.

Los criterios de distribución de las participaciones establecidas para los clubes según el parágrafo anterior, serán fijadas por la asamblea y establecidas en el reglamento general del presente estatuto”.

Sea preciso manifestar que en Colombia existen los equipos afiliados clase A y clase B. Los afiliados clase A, como es de conocimiento general, perciben mayores ingresos por concepto de los derechos de transmisión audiovisual. Sin embargo, ambas clases de afiliados tienen los mismos derechos políticos, es decir, sus votos valen exactamente igual. Para ilustrarlo mejor, un voto del Atlético Nacional o del América de Cali tiene exactamente el mismo valor estatutario que un voto proferido por Tigres o por Llaneros F.C. Curioso, ¿no?

Lo anterior visto desde el tamiz de la justicia social pareciera lo justo, sin embargo, resulta diáfano que no todos los clubes del país invierten lo mismo en sus nóminas y en la mejoría progresiva del espectáculo. De hecho, clubes importantes como el Atlético Nacional, el Junior de Barranquilla, el América de Cali y el Deportivo Cali, realizan ingentes esfuerzos semestrales para configurar nóminas vistosas que pueden llegar a costar inclusive, tres mil millones de pesos mensuales – si no es más -. Lo anterior supone un ejercicio administrativo y jurídico gigantesco que no se ve retribuido por las disposiciones arbitrarias establecidas en los estatutos de la DIMAYOR.

Como se manifestó anteriormente, si bien en Colombia se discriminan los clubes afiliados en aquellos clase A y en aquellos clase B, resulta importantísimo acotar que los afiliados clase A en Colombia ya sobrepasan los 20 equipos. ¿Se justifica entonces que el América de Cali reciba el mismo monto por concepto de derechos de transmisión audiovisual que el Jaguares de Córdoba? Es difícil saberlo, pero a priori las cifras de rating nos demuestran lo contrario.

Los clubes grandes y tradicionales de Colombia deberían empezar a explorar alternativas como aquella que emanó en la Premier League hace algunos años. Los grandes de aquellas latitudes consiguieron llegar a un acuerdo para que los derechos de transmisión audiovisual se repartieran en virtud del rating y la sintonía que sus equipos generaban, es decir, lograron que los dineros emanados de la televisión se distribuyeran a prorrata entre los clubes – apenas lógico -.

Así las cosas, los equipos tradicionales del FPC deberán explorar todas las herramientas legales para modificar el porcentaje de ingresos que la DIMAYOR le destina a los clubes – idealmente pasarlo del 85% de sus ingresos al 90 o 92% – y deberán bregar por modificar todos los acápites relativos a los derechos políticos que se le confieren a los equipos clase B. También convendría analizar una política más rigurosa para la pérdida de la categoría clase A de afiliación.

Sin embargo, aunque esto representa el deber ser, resulta importante manifestar que las decisiones que impliquen reformas estatutarias precisan del voto favorable de las 2/3 partes de los afiliados. Lo anterior refuerza la teoría de que un cisma de los denominados grandes en el Fútbol Profesional Colombiano, no solamente es imperativo sino también indispensable para la supervivencia del fútbol tal cual lo conocemos.

Por años se ha llegado a la conclusión de que como nunca antes en la historia, los equipos de fútbol deben ser manejados como empresas sostenibles y rentables. Cada vez son menos las personas dispuestas a invertir su patrimonio y fortuna en aquellas escuadras que terminan cada ejercicio fiscal con más números en rojo que con puntos en el campeonato.

Ahora bien, la pandemia que estamos viviendo actualmente ha provocado una crisis de proporciones bíblicas. No solamente los equipos de fútbol dejaron de disputar el campeonato – por razones eminentemente lógicas y de salubridad – sino que también, han visto sus arcas seriamente golpeadas por diversas cuestiones dentro de las que se destacan: (i) los costos fijos – salarios, gastos administrativos y deudas financieras – que siguen incólumes; (ii) los ingresos por concepto de patrocinios que se han congelado en la mayoría de los casos; y (iii) el hecho de que no se han podido generar ingresos adicionales por venta de boletería y/o de jugadores.

Está claro entonces que el futuro no pinta para nada bien y en especial para la Liga colombiana, – que comparada con las de otras latitudes es mucho más proclive a salir desfavorecida una vez se supere la actual coyuntura -. No obstante a lo anterior, surge una inquietud: ¿qué mecanismos podrían empezar a implementarse para paliar dicha crisis? Así las cosas, considero que una de las herramientas más potentes de las que disponen los clubes de fútbol es la de reformar los estatutos de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

En este orden de ideas, vamos a realizar un ejercicio académico sobre qué artículos podrían eventualmente ser reformados y los efectos benignos que dichas reformas traerían de suyo a los clubes del balompié nacional.

Los Parágrafos Primero y Segundo del Artículo Sexto de los estatutos establecen lo siguiente:

“(…) La DIMAYOR entregará a título de participación para sus clubes afiliados el 85% de los ingresos netos recibidos por concepto de los contratos de transmisión audiovisual de los campeonatos que organice por cualquier medio de transmisión conocido o por conocer.

Los criterios de distribución de las participaciones establecidas para los clubes según el parágrafo anterior, serán fijadas por la asamblea y establecidas en el reglamento general del presente estatuto”.

Sea preciso manifestar que en Colombia existen los equipos afiliados clase A y clase B. Los afiliados clase A, como es de conocimiento general, perciben mayores ingresos por concepto de los derechos de transmisión audiovisual. Sin embargo, ambas clases de afiliados tienen los mismos derechos políticos, es decir, sus votos valen exactamente lo igual. Para ilustrarlo mejor, un voto del Atlético Nacional o del América  tiene exactamente el mismo valor estatutario que un voto proferido por Tigres o por Llaneros F.C. Curioso, ¿no?

Lo anterior visto desde el tamiz de la justicia social pareciera lo justo, sin embargo, resulta diáfano que no todos los clubes del país invierten lo mismo en sus nóminas y en la mejoría progresiva del espectáculo. De hecho, clubes importantes como el Atlético Nacional, el Junior de Barranquilla, el América de Cali y el Deportivo Cali, realizan ingentes esfuerzos semestrales para configurar nóminas vistosas que pueden llegar a costar inclusive, los tres mil millones de pesos mensuales – si no es más -. Lo anterior supone un ejercicio administrativo y jurídico gigantesco que no se ve retribuido por las disposiciones arbitrarias establecidas en los estatutos de la DIMAYOR.

Como se manifestó anteriormente, si bien en Colombia se discriminan los clubes afiliados en aquellos clase A y en aquellos clase B, resulta importantísimo acotar que los afiliados clase A en Colombia ya sobrepasan a los 20. ¿Se justifica entonces que el América de Cali reciba el mismo monto por concepto de derechos de transmisión que el Jaguares de Córdoba? Es difícil saberlo, pero a priori las cifras de rating nos muestran lo contrario.

Los clubes grandes y tradicionales de Colombia deberían empezar a explorar alternativas como aquella que emanó en la Premier League hace algunos años. Los grandes de aquellas latitudes consiguieron llegar a un acuerdo para que los derechos de transmisión audiovisual se repartieran en virtud del rating y la sintonía que sus equipos generaban, es decir, lograron que los dineros emanados de la televisión se distribuyeran a prorrata entre los clubes – apenas lógico -.

Así las cosas, los equipos tradicionales del FPC deberán explorar todas las herramientas legales para modificar el porcentaje de ingresos que la DIMAYOR le destina a los clubes – idealmente pasarlo del 85% de sus ingresos al 90 o 92% – y deberán bregar por modificar todos los acápites relativos a los derechos políticos que se le confieren a los equipos clase B. También convendría analizar una política más rigurosa para la pérdida de la categoría clase A de afiliación.

Sin embargo, aunque esto representa el deber ser, resulta importante manifestar que las decisiones que impliquen reformas estatutarias precisan del voto favorable de las 2/3 partes de los afiliados. Lo anterior refuerza la teoría de que un cisma de los denominados grandes en el Fútbol Profesional Colombiano, no solamente es imperativo sino también indispensable para la supervivencia del fútbol tal cual lo conocemos.

Juan Antonio Martínez Karner

KBSV Abogados

Juan Antonio Martínez Karner

KBSV Abogados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat
¿Necesitas Asesoramiento?